Poco antes que la Provincia de Aceh en Indonesia, en la isla de Sumatra, cayera en su último ciclo de violencia, John McCarthy de la Universidad de Murdoch en Australia andaba allí estudiando la extracción ilegal de madera. Se calcula que algo como la mitad de toda la madera de Indonesia viene de fuentes ilegales. "La extracción salvaje: El surgimiento y la caída de las redes madereras y de los proyectos para la conservación de la diversidad biológica en los bosques tropicales de Sumatra", que McCarthy escribió para CIFOR, le da al lector una clara idea de cómo la extracción ilegal surgió en el área y gradualmente abrumó las normas ambientales tradicionales de esas comunidades.

Como en muchos países, Indonesia requiere que los madereros consigan permisos específicos para cortar árboles, transportar madera, y operar aserraderos. Para conseguir estos permisos ellos necesitan buenas conexiones y tienen que pagar a los funcionarios públicos por debajo de la mesa. Generalmente, se consiguen permisos para algunas actividades, pero después se hace más de lo que los permisos autorizan. Independiente de su interés en recibir sobornos, a menudo los oficiales locales prefieren generar ingresos gravando las actividades ilegales con impuestos, en vez de restringirlas.

Los empresarios adinerados emplean contratistas para extraer la madera, establecen conexiones con oficiales del departamento forestal, militares, policías y los funcionarios locales y hacen tratos con los jefes de aldeas. Eso da lugar a una densa red de clientelas que los foráneos encuentran difícil de romper.

Tradicionalmente, las autoridades locales regulaban el acceso a los bosques para personas de fuera de la aldea. Sin embargo, la Ley de Gobiernos Locales de 1979 no reconoció a algunas de las autoridades tradicionales e hizo que otros respondieran al gobierno del distrito, y no a sus propios electores. Ahora, muchas autoridades locales se sienten incapaces de evitar la entrada de los madereros de afuera, sobre todo si están bien relacionados. A veces, simplemente dejan que los madereros hagan lo que quieren. En otros casos, les permiten sacar la madera a cambio de pequeños pagos o de emplear a la gente local. Mientras que muchas autoridades de las aldeas hacen lo que puedan para representar a sus comunidades, otras se han dejado comprar, y buscan solo sus propios intereses.

A mediados de los años noventa, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) seleccionó el área estudiada por McCarthy para implementar un programa de conservación comunitario, debido a su proximidad al Parque Nacional de Gunung Leuser. WWF intentó restablecer los sistemas tradicionales del manejo de los bosques y su presencia les dió a líderes tradicionales, que se oponían a la extracción maderera, un foro para expresar sus opiniones. WWF también intentó promover la producción de resinas, el junco, y otros productos forestales no maderables, en vez de la madera. Algunos oficiales nacionales y provinciales del gobierno apoyaron estos esfuerzos. Sin embargo, WWF no se dió cuenta qué tan fuerte eran las redes locales de los madereros y no pudo ofrecerles a las comunidades alternativas que proporcionaran más empleo o mejores entradas que la madera. Cuando se dieron la crisis económica y las reformas políticas en 1997-98, la extracción declinó por un tiempo, pero después volvió a aumentar. El problema sigue sin solución.