Se necesita mayor conocimiento para disipar los mitos sobre REDD+

BOGOR, Indonesia (22 de agosto de 2012) _ Muchas comunidades locales saben que REDD+ es considerado por formuladores de política internacionales como la mejor forma de proteger los bosques llenos de carbono, pero estudios recientes indican que las comunidades no entienden totalmente las metas más amplias del esquema o la forma en que ellas se beneficiarán económicamente.
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Pobladores locales discuten un mapa de su poblado, Mamberamo Raya, Papua. Fotografía de Mokhammad Edliadi/CIFOR

BOGOR, Indonesia (28 de noviembre de 2012) _ Muchas comunidades locales saben que REDD+ es considerado por formuladores de política internacionales como la mejor forma de proteger los bosques llenos de carbono, pero estudios recientes indican que las comunidades no entienden totalmente las metas más amplias del esquema o la forma en que ellas se beneficiarán económicamente.

Arild Angelsen, profesor en la Universidad de Ciencias de la Vida en Noruega y editor de Analysing REDD+: Challenges and Choices, (Análisis de REDD+: Retos y Alternativas), dijo que esto está debilitando el proceso.

Recientemente ha aumentado el sentimiento anti-REDD+ por parte de grupos indígenas, explicó Angelsen, quien lo atribuye parcialmente a “conceptos erróneos e ideologías”.

“Se está asociando a REDD+ con los mercados y el capitalismo verde. Los mercados de carbono pueden jugar un papel en el futuro, pero el temor a los mercados parece exagerado”, dijo.

“La mayor parte del financiamiento de REDD+ proviene actualmente de presupuestos de ayuda para el desarrollo. Y los mercados no son anti-pobres por naturaleza, como algunos parecen creer”.

Los habitantes de los bosques necesitan participar en el esquema respaldado por la ONU “en una forma significativa”, dijo. Deberían estar al tanto no solamente de las oportunidades, sino de los riesgos y de sus derechos y responsabilidades.

“Debido a los que está en juego con REDD+, es crítico que las voces locales sean escuchadas, no solamente por los proponentes de proyectos, sino también por los responsables de tomar decisiones nacionales e internacionales”, aseguraron los autores del libro de CIFOR.

La reducción de emisiones provenientes de la deforestación y degradación de los bosques, o REDD+, fue presentada a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 2005, como una manera de pagar a los países en desarrollo para que no talen árboles, que es una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero a nivel mundial.

Las empresas, los grupos de conservación y los países que trabajan para ayudar a proteger los bosques serían elegibles para “créditos”, que podrían ser vendidos en un mercado internacional de carbono.

La publicación de CIFOR, que analiza nueve proyectos en Brasil, Camerún, Indonesia y Tanzania, y que está basada en trabajo de campo realizado en 2010, encontró que el conocimiento de los pobladores acerca de REDD+ era “generalmente bajo”, y solamente un cuarto de las viviendas entrevistadas había escuchado alguna vez acerca de REDD+.

Aquellos que estaban al tanto generalmente entendían el objetivo principal – salvar a los bosques – pero no correlacionaban esto con mejores ingresos a pesar de que “todos los proyectos planean apoyar medios de subsistencia alternativos y en algunos casos, incluyen pagos por servicios del ecosistema” .

A esto se suma el hecho de que muchos desarrolladores de REDD+ no se atreven a informar a las comunidades locales acerca del esquema mundial de carbono forestal para evitar crear expectativas que podrían no ser satisfechas si el financiamiento a largo plazo no se materializa.

Si bien se podría decir que no hay necesidad de “agobiar” a los usuarios locales del bosque con las complejidades de REDD+, los autores de Analysing REDD+ indicaron que tanto los pobladores como la comunidad internacional en general estarían mucho mejor si entendieran los aspectos básicos.

“Pero no es fácil lograr una participación significativa e implementar el principio de Consentimiento Libre, Previo e Informado (FPIC, por sus siglas en inglés). Los esquemas REDD+ están evolucionando y hay mucha incertidumbre acerca del alcance y escala futura de REDD+. La pregunta básica para las comunidades locales – ¿“a qué estamos dando nuestro consentimiento?- todavía está sin respuesta”, dijo Angelsen.

Daju Pradnja Resosudarmo, una de las autoras, dijo que esto ilustra aun más la necesidad de asegurarse de que las comunidades cuenten con un entendimiento adecuado de “que cosa es REDD+ y cómo se va a implementar”.

La pregunta básica para las comunidades locales – ¿á qué estamos dando nuestro consentimiento?’ todavía está sin respuesta.

Las consecuencias de la desinformación

Un estudio de CIFOR y la Universidad de Leiden, estudio de cazadores-recolectores que viven cerca de concesiones mineras y madereras al noreste de Filipinas, encontró que el FPIC le fallaba a las mismas personas que se suponía tenía que proteger.

Debido al cabildeo de un solo lado por parte de las agencias del gobierno y de empresas operadoras, el consentimiento de los pueblos indígenas estaba siendo repetidamente manipulado y los acuerdos se realizaban con muy poca contribución de las comunidades afectadas. Esta es una realidad inquietante, afirma el documento, considerando que “aproximadamente 50% de toda la tierra cubierta por excavaciones mineras en Filipinas está sujeta a reclamos como tierras indígenas”.

En los casos en que la neutralidad de la información se pone en duda – debido a conflictos de interés o desequilibrios en el poder – Analysing REDD+ recomienda que las comunidades empleen agentes o consejeros legales, incluso para la firma de acuerdos legales.

Si bien los científicos continúan apoyando el uso del FPIC en REDD+, algunos afirman que podría implementarse con más éxito en ciclos, repitiéndose a medida que los proyectos avancen y cambien.

“Los pueblos indígenas estarían en mejor situación si el tiempo, recursos y energía que se gastan actualmente en un proceso falso de toma de decisión, se gastaran y dedicaran a negociaciones auténticas sobre las condiciones bajo las que puedan operar las empresas extractivas,” dice el documento.

 

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