REDD+: ¿Socava o transforma la democracia?

BOGOR, Indonesia (28 de noviembre 2012) Un esquema de mitigación del cambio climático, que tiene como objetivo proteger los bosques del mundo, debe trabajar con las instituciones democráticas locales. De otro modo corre el riesgo de que las comunidades y los grupos indígenas sean explotados por poderosos actores internacionales deseosos de obtener acceso a la tierra y otros recursos globales que son cada vez más escasos, dijeron expertos.
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Cuando una organización externa poderosa llega a un nuevo lugar tiene un impacto sobre las instituciones locales. Fotografía de Neil Palmer (CIAT)

BOGOR, Indonesia (28 de noviembre 2012) Un esquema de mitigación del cambio climático, que tiene como objetivo proteger los bosques del mundo, debe trabajar con las instituciones democráticas locales. De otro modo corre el riesgo de que las comunidades y los grupos indígenas sean explotados por poderosos actores internacionales deseosos de obtener acceso a la tierra y otros recursos globales que son cada vez más escasos, dijeron expertos.

“La historia de los proyectos de desarrollo, especialmente los proyectos forestales que ignoran a las instituciones democráticas locales y socavan la democracia, es bastante clara. Debemos tomar medidas para garantizar que REDD+ no haga lo mismo”, señaló Jessie Ribot, Director de la iniciativa Dimensiones Sociales de la Política Ambiental de la Universidad de Illinois y coautor del artículo Reducing REDD risks: Affirmative policy on an uneven playing field, publicado en la edición especial de una revista sobre gobernanza de múltiples niveles.

Cualquier intervención de desarrollo puede promover o socavar la democracia, según Ribot. Cuando una organización externa poderosa (organismo de desarrollo, medio ambiente, donante o gubernamental) llega a un nuevo lugar tiene un impacto sobre las instituciones locales, como son los grupos de usuarios, jefes tradicionales, ONGs, empresas o el gobierno local.

REDD+, un esquema global que tiene como objetivo reducir las emisiones provenientes de la deforestación y degradación de los bosques, posibilita que los países desarrollados transfieran fondos a los gobiernos nacionales, comunidades locales, grupos indígenas e individuos a fin de que mantengan sus bosques en pie.

Sin embargo, en muchos países, existe el temor de que sin salvaguardas y reglas estrictas, los gobiernos transfieran millones de dólares a los proyectos REDD+ liderados por poderosas empresas y elites forestales que anulen las demandas locales a la tierra y no respeten los derechos indígenas y comunitarios a los recursos forestales.

La historia de los proyectos de desarrollo, especialmente los proyectos forestales que ignoran a las instituciones democráticas locales y socavan la democracia, es bastante clara. Debemos tomar medidas para garantizar que REDD+ no haga lo mismo.

Así como los ingresos provenientes del petróleo, oro, diamantes y otras reservas minerales han alimentado la corrupción y propiciado una mala gobernanza en muchos países tropicales, ellos temen que REDD+ exacerbe las desigualdades existentes entre los ricos y los pobres.

“REDD+ debe elegir socios locales y se encuentra en una posición privilegiada en tanto tiene el poder de redefinir los derechos a la tierra y los recursos. Puede fortalecer o socavar la democracia, dependiendo de los socios que elija”, sostuvo Ribot quien es también Director de la Iniciativa para una Gobernanza Forestal Responsable.

Las comunidades forestales locales ya tienen un acceso restringido a la tierra y los recursos, mano de obra, crédito, mercados y asistencia técnica en comparación con otros usuarios forestales, según Anne Larson, investigadora del Centro Internacional para la Investigación Forestal (CIFOR) y coautora de varios artículos en esta edición especial.

“En el marco de REDD+ podrían continuar perdiendo ante competidores más poderosos que cuentan con más dinero, conexiones y recursos”, añadió.

Según un informe publicado en 2012, los proyectos piloto REDD+ desarrollados por ONGs y el sector privado en la Amazonia peruana están socavando los derechos de los pueblos indígenas. De los 35 proyectos REDD que operan en las regiones de Madre de Dios, San Martín y la Selva Central, “por lo menos ocho se encuentran en tierras consuetudinarias que aún están esperando reconocimiento por parte del gobierno”, revela el informe.

Para abordar estos problemas, se propusieron siete salvaguardas sociales en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático realizada en Cancún en 2006, que exigen entre otros que los planificadores de REDD+ establezcan estructuras nacionales de gobernanza forestal transparentes y eficaces; garanticen la participación de los actores locales y muestren respeto a los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas.

Sin embargo, el texto final de la Cumbre sobre Cambio Climático en Durban solo exigía que los desarrolladores de los proyectos REDD+ presenten información cualitativa referida a la forma en que las salvaguardas están siendo implementadas.

“No tenemos cómo medir en realidad el impacto” de REDD+ en las comunidades, lo que exige el levantamiento y la comparación de datos, antes y después de la implementación del proyecto”, explicó Louis Verchot, responsable en CIFOR de la investigación sobre mitigación climática.

Y la cumbre de este año de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático a realizarse en Doha no parece mucho más prometedora.

“La decisión ahora es que este año las salvaguardas permanezcan como están y que sean revisadas el próximo año, dijo Tony La Vina, uno de los principales negociadores de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y facilitador de REDD+.

REDD+ puede ayudar a transformar los procesos democráticos

En otro artículo de esta edición especial, Larson señala que REDD podría apoyar a las instituciones democráticas e impulsar legislación forestal más progresista.

Por ejemplo, en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), las reformas legales de los últimos años han otorgado a los pueblos indígenas el derecho a recibir títulos de tierra y contar con representación a través de sus líderes comunitarios y territoriales.

La descentralización también ha trasladado desde los gobiernos nacionales a la autoridad regional importantes poderes de toma de decisión sobre los recursos naturales. Las oficinas regionales ahora desempeñan un papel más importante en el desarrollo de la región y tienen poder de veto sobre las decisiones del gobierno central relativas a las inversiones.

Larson explicó que si bien esto ha permitido empoderar a diferentes niveles de gobernanza, REDD+ tiene la capacidad de “fortalecer áreas donde existe ambigüedad en las leyes y donde las comunidades aún no ejercitan poderes efectivos de toma de decisión sobre sus territorios y recursos naturales”.

¿Y de aquí hacia dónde vamos?

Según Ribot, las salvaguardas deben ampliar su ámbito y tener criterios más estrictos para garantizar que las comunidades puedan influir en la toma de decisiones referida a REDD+.

Como mínimo, manifestó, se deberían añadir ‘salvaguardas democráticas’ a la lista de las siete salvaguardas para garantizar que los proyectos REDD+ ‘no hagan daño’ a la representación local.

“Esto incluiría como mínimo el requisito de contar con instituciones locales que tengan importantes poderes de toma de decisiones, incluyendo el derecho a ‘vetar’ cualquier proyecto o programa, y que rindan cuentas en forma sistemática ante la ciudadanía local. El empoderamiento y trabajo con las autoridades elegidas locales sería un buen comienzo”.

“Este tipo de protección de la democracia está cambiando la naturaleza del ‘escenario habitual’ al trasladar los poderes de decisión a autoridades responsables, desafiando así los poderes de las élites externas y locales”.

“Si REDD+ va a desafiar el ‘escenario habitual’ y beneficiar a las poblaciones locales, las salvaguardas no solo deben proteger sino también establecer, fortalecer y asegurar los derechos”, dijo.

La publicación a la que se hace referencia forma parte del Estudio Comparativo Global sobre REDD+, que es financiado por  AusAid, la Comisión Europea y la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD, por sus siglas en inglés).

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