Análisis

Para los pueblos indígenas de América Latina, los derechos a la tierra son solo la mitad de la batalla

Obstáculos arraigados en el sistema impiden a los pueblos indígenas de Latinoamérica participar en la gobernanza de sus bosques.
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Latin America - LIMA, Perú. Aunque los pueblos indígenas en América Latina han ganado derechos sobre sus tierras tradicionales, una serie de obstáculos, que van desde legislación poco clara hasta actores influyentes arraigados en el sistema, les han impedido participar en la gobernanza de sus recursos naturales, asegura un nuevo estudio.

Anne Larson, investigadora del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y galardonada el año 2012 con el Premio en Memoria de Ostrom por la investigación más innovadora del año, ha pasado los últimos seis años estudiando casos en el noreste de Nicaragua.

La Región Autónoma del Atlántico Norte, un área que abarca 19 territorios indígenas con líderes elegidos, se creó a finales de la década de los ochenta para permitir la participación de la población local en la toma de decisiones. Esto proporcionó un nivel adicional de control a un sistema que ya incluía gobiernos nacionales y municipales.

Sin embargo, esto no resultó en una toma de decisiones más efectiva o democrática.

En realidad, el gobierno nacional siguió teniendo el control de facto.

El cambio decisivo se produjo cuando Awas Tingni, una comunidad indígena sumo-mayangna, presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a que el gobierno nacional había otorgado una concesión forestal a una empresa extranjera en sus tierras sin contar con su consentimiento. En un caso sin precedentes en 2001, la corte exigió que el gobierno reconociera los derechos indígenas sobre sus tierras. Poco tiempo después, Nicaragua aprobó la Ley del Régimen de Propiedad Comunal, que reconoce este hecho oficialmente y demanda la demarcación y titulación de tierras.

Sin embargo, la ley no resolvió automáticamente los problemas clave que aquejan a las comunidades, en especial aquellos relacionados con la colonización de sus tierras por terceros, la formación de territorios, la elección de representantes y la autoridad sobre los recursos naturales.

“Los derechos indígenas a la tierra están siendo reconocidos en parte debido a que importantes movimientos nacionales e internacionales han luchado por obtenerlos y también debido a que aquellos interesados en obtener acceso a los recursos que se encuentran en esas tierras están encontrando otras vías para obtenerlos”, dijo Larson.

En Nicaragua y en otros países, los territorios indígenas con frecuencia se superponen con los límites de los municipios. Esto puede generar conflicto en casos donde tanto las autoridades indígenas locales como los funcionarios municipales reclaman jurisdicción. Para complicar las cosas aun más, el gobierno nacional podría mostrarse reacio a otorgarle el poder a la población local de tomar decisiones referidas a los recursos naturales, incluso cuando la ley exige el consentimiento previo, libre e informado.

Como resultado, la población todavía carece de capacidad real para tomar decisiones, según Larson. Más bien, otros actores con más poder sacan ventaja de las ambigüedades legales y la dejan al margen de la toma de decisiones.

Su investigación, Decentralisation and devolution in Nicaragua’s North Atlantic autonomous region: Natural resources and indigenous peoples’ rights, (Descentralización y devolución en la Región Autónoma del Atlántico Norte: recursos naturales y derechos indígenas), publicada en el International Journal of the Commons, muestra que las leyes que establecen gobiernos de múltiples niveles no necesariamente permiten que las comunidades indígenas manejen mejor sus recursos naturales.

“La única solución práctica es inclinar la balanza del poder empoderando a los actores locales – mediante intervenciones específicas para educar, organizar y facilitar su capacidad de generar un cambio en la manera en que se toman las decisiones”, escribe Larson.

“Las personas necesitan entender sus derechos y luchar por ellos y exigir rendición de cuentas y representación no solo de las autoridades sino también de sus propios líderes”, dijo.

“Necesitamos repensar formas para manejar el desarrollo comunitario, enfatizando la identidad y las relaciones interculturales”, sostuvo Jadder Mendoza-Lewis, coautor del documento y antiguo director del Instituto de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Universidad de la Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua (URACCAN), quien es nativo de esa región.

“Es importante que entablemos un diálogo más profundo y diseñemos mecanismos que aseguren que los gobiernos comunales y territoriales sean democráticos, transparentes e inclusivos”, dijo Mendoza-Lewis.

Las reformas legales también pueden ayudar a crear un proceso que les permita a las comunidades otorgar el consentimiento libre, previo e informado sobre las concesiones y otros usos de los recursos en sus tierras y que especifique cómo las comunidades van a ejercer sus derechos y aclare la relación entre los municipios y los territorios. Según Larson, estos pasos podrían ayudar a “nivelar el campo de juego” e incentivar un diálogo con las comunidades y empoderar a los líderes locales, ayudándolos a comprender sus territorios y capacitándolos en técnicas de negociación.

“Las dinámicas se refieren en parte a los recursos naturales porque representan la principal fuente de empleo y desarrollo, pero las estructuras de gobernanza y las razones por las que la gente actúa en forma conjunta tienen que ver más con lo que ellas quieren para su futuro, no se trata solo de los recursos naturales”, explicó.

Larson espera poder comparar la experiencia de Nicaragua y sus regiones autónomas con otros sistemas que gobiernan los territorios indígenas en otras partes de América Latina.   

El Premio Ostrom es otorgado en memoria de Elinor Ostrom, quien recibió el Premio Nobel en Economía en 2009 y era conocida por sus estudios del manejo de los recursos comunes.

Michael Schoon, uno de los editores del International Journal of the Commons, dijo que el trabajo de Larson y Mendoza-Lewis destacó por la manera interesante y innovadora en la que los autores habían conceptualizado el problema de las relaciones de poder en la teoría de la descentralización.

La publicación es parte del Programa de Investigación del CGIAR “Bosques, Arboles y Agroforestería” y contó con el apoyo financiero de la Iniciativa para los Derechos y los Recursos (RRI por sus siglas en inglés) y la Fundación Ford.

 

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Tópicos :   Tenencia forestal