Jazmin Gonzales Tovar/CIFOR.

La comunidad nativa de Saweto en la región amazónica de Ucayali, Perú, recibió hace sólo tres meses la resolución que reconocía su derecho de tenencia sobre las tierras forestales que habita, un pedido al Estado peruano que persiguió durante más de 12 años. Pero el proceso que culminó con la asignación de esos derechos acarreó grandes pérdidas. Cuatro dirigentes indígenas de Saweto perdieron la vida a manos de una mafia de tala ilegal a la que se enfrentaban por el uso de los recursos del mismo bosque, convirtiéndose este caso en un símbolo de la problemática de la tenencia forestal en el Perú.

“Sin derechos claros no solo no se puede mejorar los medios de vida de las comunidades que dependen de los bosques, sino que muchos de los conflictos socio-ambientales tienen que ver con la existencia de diversos reclamos por el control de los recursos de un mismo territorio”, explica Iliana Monterroso, investigadora del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR).

Muchos de los conflictos socio-ambientales tienen que ver con la existencia de diversos reclamos por el control de los recursos de un mismo territorio”

Monterroso, quien presentó el proyecto de CIFOR “Estudio comparativo global sobre diseño e implementación de reformas de tenencia en tierras forestales” en la conferencia internacional Fortaleciendo Capacidades para la Conservación de una Amazonía Cambiante en la ciudad amazónica de Pucallpa, explicó que actualmente existe un repliegue en el proceso de las reformas de tenencia colectiva que históricamente el Perú empezó más temprano que el resto de países de la región.

“Si bien Perú ha sido pionero en proponer reformas que buscan asegurar derechos de tenencia, nuestro análisis muestra un retroceso en el reconocimiento de los derechos colectivos”, explica.

En los últimos 20 años, el 60% de los cambios globales en reformas de tenencia han sucedido en la región latinoamericana, con Brasil a la cabeza de este avance. Pero si bien la región lidera los cambios a nivel global, el análisis evidencia que, en la práctica, el proceso de implementación en Perú se ha estancado, quedando 20 millones de hectáreas de tierras forestales en situación de reclamo solo por parte de comunidades nativas. “Unas mil comunidades nativas están actualmente reclamando derechos sobre las tierras que habitan en el Perú, y eso no incluye las comunidades campesinas, ni las comunidades aún no reconocidas”, según Monterroso.

LAS REFORMAS DE TENENCIA EN EL PERÚ

Varios factores en la legislación peruana colaboran con esta contradicción, según la investigadora: “La ley es buena en papel, pero en la práctica existen muchos problemas. Primero, en el Perú la propiedad de los bosques le corresponde al Estado y al no poder titular el bosque, el Estado debe generar normas específicas para la asignación de derechos de manejo sobre los bosques y sus recursos”.

Si bien el Estado reconoce derechos colectivos bajo las figuras de contratos de cesión de uso, concesión, reservas comunales, territoriales y otras, los traslapes en la asignación de los diversos derechos sobre una misma área ponen en riesgo la seguridad de la tenencia y conducen a conflictos como el de Saweto.

A diferencia de Perú, su vecino Brasil ha encaminado reformas en el reconocimiento de derechos plenos para las comunidades indígenas, siendo hoy uno de los países con los procesos de  reforma de tenencia forestal más avanzados del mundo.

Pero el panorama es distinto en el Perú. El análisis histórico realizado por CIFOR ha revelado que el proceso de descentralización política en el país, iniciado en la década del 90, ha generado una superposición de funciones que presenta hoy un proceso complejo para la asignación de derechos de tenencia. “La descentralización no es un problema en sí mismo, sino que ha desencadenado un proceso ambiguo; y la transferencia de funciones ha sido parcial creando confusiones sobre cuál es la vía, la ley, o la entidad del Estado para acceder a los derechos”, afirma Monterroso.

Un ejemplo es el procedimiento de clasificación de uso mayor de suelo que siendo un requisito para la titulación, acarrea altos costos en términos económicos y de tiempo, según explica.

“La única institución certificada para emitir una clasificación de uso mayor de suelo es la Universidad Nacional Agraria La Molina, en la capital, entonces ¿cuántas muestras de suelo tendría que tomar una comunidad dentro de las miles de hectáreas de su territorio, y luego, cómo trasladar eso desde la Amazonía a Lima?”, reflexiona Monterroso, agregando que incluso los gobiernos regionales, encargados al final de cuentas de la titulación, argumentan que no tienen presupuestos asignados para esta función. “Procesos como este, por ejemplo, tendrían que ser revisados”.

Sin derechos claros las comunidades no pueden administrar plenamente los recursos y la tierra sobre la que sustentan sus medios de vida”

Pero existen otros problemas cuando se trata de derechos colectivos. Las reformas en marcha no han tomado en cuenta las prácticas locales, ni la forma en que las comunidades y grupos administran sus recursos: “El reconocimiento colectivo implica un ordenamiento a nivel de las propias comunidades, de otra forma el conjunto de amenazas se incrementa y también los usos superpuestos”.

LA IMPORTANCIA DE CLARIFICAR DERECHOS

Lo ocurrido en Saweto es una muestra de la vulnerabilidad en la que se encuentran muchas comunidades nativas del Perú en la búsqueda del reconocimiento de derechos sobre la tierra que habitan.

“Sin derechos claros las comunidades no pueden administrar plenamente los recursos y la tierra sobre la que sustentan sus medios de vida”, indica Monterroso y en ese sentido, la titulación es sólo uno de los primeros pasos.

Pero además, las áreas que no tienen asignados derechos claros son las más vulnerables para la tala ilegal y la deforestación, según ha declarado la Directora del Servicio Forestal Nacional y de Fauna Silvestre del Perú, Fabiola Muñoz Dodero: “El título es el primer paso para proteger el bosque. El 50% de la tala ilegal, es decir, 60 mil hectáreas al año, ocurre en terrenos donde el Estado no llega y las comunidades, por no tener garantías de uso, no pueden defenderse”, dice.

El Estado peruano ha reconocido y entregado derechos sobre 34 millones de hectáreas de tierras forestales a comunidades hasta hoy, pero queda mucho en situación de reclamo e incluso conflicto.

El estudio que CIFOR está desarrollando busca determinar cómo las reformas están funcionando en la práctica y de qué manera han impactado en los medios de vida de las comunidades que dependen de los bosques, en el caso de Perú, del bosque amazónico.

“Nuestro proyecto busca entender estos procesos de reforma de tenencia, que más allá de limitarlos al tema de la propiedad, toman en cuenta la forma en la que los recursos naturales se usan, manejan o controlan”, indica Monterroso. “La ley está, pero el acceso y la implementación han tenido muchos problemas y queremos conocer ¿qué factores han interferido? ¿Cómo se pueden mejorar estas prácticas? ¿Cómo han impactado en los medios de vida?”.

Veinte comunidades indígenas de las regiones amazónicas de Madre de Dios y Loreto formarán parte del estudio, que prevé presentar los resultados regionales en un año.

El estudio comparativo global sobre  reformas de tenencia en tierras forestales,  también se desarrolla en Indonesia y Uganda e incluirá tres países más en América Latina, Asia y África.

“Esperamos identificar distintos enfoques de manejo forestal, así como factores que favorezcan a una mejor gobernanza de los bosques”, agregó Monterroso.

El estudio comparativo global sobre reformas de tenencia en tierras forestales de CIFOR se desarrolla gracias al soporte de la Comisión Europea y GEF  y cuenta con el respaldo técnico de IFAD y la FAO.

Para más información sobre este tema, póngase en contacto con Iliana Monterroso en I.monterroso@cgiar.org